Redacción - 22 de mayo de 2020
Mientras la pandemia parece estar siendo controlada en nuestro país, la causa penal abierta por la autorización de concentraciones masivas apenas una semana antes de que se decretara el Estado de Alarma avanza y señala a Fernando Simón por un posible delito de prevaricación.
La investigación abierta por la Guardia Civil considera probado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad tenía datos que apuntaban a la gravedad del brote que ya se estaba extendiendo por nuestro país.
En un informe filtrado por los medios se asegura que Fernando Simón no tomó ninguna medida para evitar la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer y otras concentraciones masivas como un congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre con 9.000 cargos y afiliados y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores.
Esto, según la el documento remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, choca con lo que hizo el propio Fernando Simón tres días antes. Los agentes a cargo de las pesquisas atribuyen al experto un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo.
Tres días antes de las grandes concentraciones de personas del fin de semana del 8-M, los responsables del mencionado congreso fueron convocados en el ministerio de Sanidad para hablar sobre un brote del nuevo coronavirus que afectaba a una de sus iglesias y estudiar la suspensión del Congreso.
En esta primera reunión estuvo presente el ministro Salvador Illa y el propio Fernando Simón y ambos coincidieron en que el encuentro religioso debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus. Finalmente, el día 7, y tras una segunda reunión en la que volvió a participar Fernando Simón aportando datos concretos sobre el grave avance del coronavirus en nuestro país, se anunció la suspensión del congreso por motivos sanitarios.
En el informe remitido a la jueza encargada del caso, los investigadores de la Guardia Civil señalan las grandes precauciones tomadas por el acto religioso y el contraste que esto supone con su actitud permisiva en torno al resto de aglomeraciones del fin de semana del 8 de marzo.
Además, el documento recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta el 14 de febrero en el que advertía sobre el peligro de permitir actos multitudinarios. Y poco después, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.
Por último el informe acusa al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón de no estar colaborando con la investigación al no haber respondido al requerimiento de aportar toda la documentación de la que disponían sobre el nuevo coronavirus antes del 8 de marzo.
Por el momento Fernando Simón no está imputado por esta investigación, a cargo de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que sí ha imputado ya a José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid.
