Redacción - 23 de junio de 2020
El juicio por el uso de las tarjetas de la Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, en prostíbulos de Andalucía se hará por juzgado popular.
José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha dictado un auto acordando transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado la causa abierta contra el director técnico de la Faffe, Fernando Villén y la directora financiera de dicha fundación Ana Valls.
La Faffe ha sido salpicada por numerosos escándalos, algunos de ellos están siendo investigados. Además de las bacanales en puticlubs, el ente fue famoso por presuntos: enchufes masivos, contratos a dedo a empresas de familiares, gastos en comilonas, joyas, sueldazos, pufos financieros, cursos a peces gordos de la Junta de alta dirección... etc. Además la fundación se gastó la mayor parte de su multimillonario presupuesto en pagar los sueldos de los empleados, que, la casualidad, presuntamente estaban enchufados.
En su decisión del 19 de junio, Vilaplana argumenta que ante la posible malversación, los hechos delictivos podrían ser juzgados por el jurado para “evitar la ruptura” de la causa de conformidad con los criterios a tal efecto establecidos en el acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017.
Según detalla Diario de Sevilla, en el auto notificado hoy martes a las partes personadas en el juicio, se acuerda el archivo provisional para cuatro investigados: el hermano de Fernando Villén, ex trabajador de la fundación, el adjunto a al dirección económica financiera de la fundación y dos administrativas gestoras de las cajas de la Faffe.
El magistrado no ha encontrado “indicios sólidos que permitan atribuirles participación en los hechos”, ya que “carecerían de poder de disposición sobre los hechos delictivos por los que se procede, habiendo actuado o intervenido –accidentalmente- siguiendo las instrucciones o directrices” de los dos peces gordos investigados del ente de la gigantesca ‘administración parelela’ creada por el PSOE-A.
Villén, que también era pez gordo en dicha organización política, utilizó las tarjetas, según el juez “para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida fundación”.
El auto establece que Villén “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe” en cinco pagos diferentes en diversos lupanares de la geografía andaluza.
Vilaplana considera que “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, Villén, “en connivencia” con la Ana Valls, “idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado”, para que, “en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad”.
El juez remarca que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central para su posterior inclusión como tales en la contabilidad. (…) Tal mecánica financiera y de control contable resultaba de todo punto irregular, pues, sin perjuicio de que éste no era un procedimiento correcto para llevar a cabo la correspondiente devolución, lo cierto es que, en todo caso, cada ingreso por devolución de lo gastado indebidamente debía ir acompañado del concorde ticket de gasto o factura, al que se añadía al dorso el programa, subvención y curso al que se adscribía”, asegurando el magistrado que “para aparentar las devoluciones, los acusados simulaban devoluciones de anticipos, dietas, gastos, viajes y otros inexistentes”.
El instructor señala que en total “existen contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización” por el que fuera pez gordo del PSOE-A de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe, al tiempo que “existen un total de ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros, de los cuales existen asientos contables en el Libro Diario de la Faffe que reseñan que los importes de los citados gastos habrían sido devueltos a través de su ingreso en la Caja Central de la Faffe”.
El magistrado establece que, “sin embargo, no consta la devolución contable en Libros Diarios de la Faffe” de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los puticlubs señalados por importe de 780 euros, “de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe”, mientras que los gastos realizados en otro local de alterne de Sevilla los días 22 y 23 de marzo de 2010 por importe de 14.737 euros “no figuran contabilizados”.
Finalmente, Vilaplana detalla que “al día siguiente, 24 de marzo, Fernando José Villén intentó anular la tarjeta bancaria utilizada mediante la simulación de su pérdida o robo ante la correspondiente entidad financiera”, pero como no lo consiguió “el mismo día se produce la devolución de los pagos a través del TPV”, para lo que Ana Valls “hizo efectivos, y destinó a ello dos cheques por el importe total de 6.300 euros que fueron cobrados ese mismo día por la propia” encausada. “Los citados cheques no aparecen reflejados en la contabilidad de la Fundación, de modo que los fondos habrían salido de la cuenta bancaria titularidad de la Faffe sin que, sin embargo, se reflejara dicha salida en la contabilidad de la Fundación”, una “falta de contabilización que se habría llevado a cabo siguiendo las instrucciones” de dicha investigada, señala el magistrado.
