Redacción - 13 de abril de 2022
El ingreso mínimo vital (IMV) llegó el pasado mes de marzo a 428.043 hogares españoles, lo que supone un total de 1,06 millones de ciudadanos desde su entrada en vigor. Este ingreso llega un momento en el que la inflación es ya insostenible para las economías más vulnerables.
Según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 43% de estos beneficiarios son menores de edad, es decir 456.000 niños. Esto es un reflejo, apuntan las fuentes gubernamentales, al intento por reducir la pobreza infantil. Los adultos que se benefician de este ingreso están por encima de los 600.000.
De las más de 1,7 solicitudes presentadas, se han tramitado el 92% del total. Además, más de 200.000 hogares que se benefician de este ingreso reciben también una ayuda extra para la infancia desde el pasado 1 de enero. Las cuantías para cada tramo de edad son las siguientes:
Esta prestación fue una respuesta del Gobierno a la pobreza que había en España tras el Covid 19 que ya se había empezado a manifestar antes y se agudizó con la pandemia. Se aprobó por Real Decreto y el 2 de enero de 2022 entró en vigor con una serie de mejoras para intentar dar cobertura al mayor número de personas.
El IMV tiene como objetivo evitar la exclusión social al igual que prevenir la pobreza en aquellos grupos de población que no tienen los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas. Esta vulnerabilidad económica les impide tener ciertas oportunidades laborales y sociales que quieren reducirse.
A esta prestación no tienen acceso aquellos beneficiarios de un ingreso social, sanitario o sociosanitario excepto las víctimas de la violencia de género, de explotación sexual o de trata de seres humanos. Por su parte, pueden solicitarla quienes cumplan los siguientes requisitos:
1. Residir en España un año antes de pedirla.
2. Que la unidad de convivencia sea estable desde hace 6 meses.
3. Reunir una serie de condiciones personales en la unidad de convivencia.
2. Cumplir con la condición de vulnerabilidad económica.
Para conocer este último punto, se considera la capacidad económica del solicitante y se computan los recursos con los demás miembros de la unidad familiar. Si la media de ingresos y rentas al año del ejercicio anterior está por debajo de los 10 euros de la cuantía establecida como ingreso mínimo vital, se considera en situación vulnerable.
Nunca se aceptará en como persona en situación de vulnerabilidad aquella que tenga un patrimonio neto, vivienda excluida, por encima de 3 veces la cantidad correspondiente al ingreso mínimo vital. En este año 2022, esta cifra esta en los 17.698,80 euros.
Los beneficiarios reciben el pago todos los meses mediante una transferencia a la cuenta del titular de la prestación y es intransferible. Bajo ningún concepto puede ofrecerse como garante de ciertas obligaciones, ni embargarse o ser objeto de cesión parcial o completa.
Quien la recibe debe presentar la documentación pertinente y asegurarse de recibir todas las comunicaciones sobre ella. Asimismo, si hay cambios como para que la prestación se extinga, hay que notificarlo, al igual que las salidas al extranjero de más de 90 días al año.
Cada año, el beneficiario tiene que presentar la declaración del IPRF correspondiente e informar de cambios de vivienda en el padrón. Si recibiera más prestación de la que le corresponde, está obligado a su devolución inmediata. Además, debe participar en las actividades de inclusión que organice el Ministerio.
Este organismo pone a disposición de los ciudadanos un simulador mediante el cual se puede conocer si se cumplen con las condiciones estipuladas para recibir la aportación, así como el importe aproximado que se le concedería. En ningún caso se puede tramitar la solicitud con esta herramienta, ya que es meramente orientativa.
