Redacción - 26 de agosto de 2018
El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica podría provocar una oleada de demandas.
Ayuntamientos y comunidades autónomas van a poder conocer por fin qué propiedades ha registrado la institución religiosa como suyos durante 15 años, durante los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy.
Podrían ser decenas de miles (unos 40.000) y no ser solamente bienes de culto con lo cual se podría liar gorda en los tribunales de justicia. Por su parte, el Ministerio de Justicia va recopilar los bienes inmatriculados desde el año 1998 y 2015, años en que estuvo vigente la reforma de la ley hipotecaria que aprovechó la Iglesia para lanzarse a registrar propiedades a su nombre.
Fue Aznar el reformó la ley vigente desde 1946 abriendo la puerta a estas inmatriculaciones que muchas asociaciones y ayuntamientos alertaron del posible abuso de su uso por la Iglesia.
Además, la institución podría haber hecho un negocio multimillonario gracias a esta media vendiendo conventos a cadenas hoteleras, cementerios abandonados, campos, cuadras….etc.
Fue tal el ansia por inmatricular que llegaron a apropiarse plazas. A su vez, muchos de ‘sus’ bienes, han tenido que ser rescatados por el Estado ya que numerosos palacios y conventos estaban en estado ruinoso.
