Redacción - 10 de diciembre de 2018
Más de 900.000 millones de euros se van cada año por el agujero negro de la corrupción dentro de la Unión Europea, un auténtico dineral que cambiaría la vida de los europeos si no se lo llevaran unos cuantos.
Ana Miranda, eurodiputada del BNG, ha presentado una batería de enmiendas en la Comisión de Asuntos Jurídicos para mejorar la capacidad de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y que los fondos europeos sean controlados de forma más rápida y transparente.
“Los Estados, y en concreto o español, no pueden seguir mirando para otro lado, y desde el BNG instamos a que la Comisión Europea revise las prácticas de los Estados Miembros contra la corrupción”, asevera Miranda a EL MUNDO, quien ve además “vergonzoso” los 90.000 millones anuales que se pierden por la corrupción en España. Gran cantidad de delitos de corrupción, que afectan a políticos, quedan impunes por la prescripción de los mismos, hecho que no ha sido modificado a pesar de la llegada de Podemos y Ciudadanos hace 5 años.
El 95% de los ciudadanos piensa además que la corrupción es generalizada. Quizás sus representantes no se están tomando en serio la millonada que se pierde cada año, más que el famoso rescate bancario de 2012 a las Cajas de Ahorro de 100.000 millones de euros, un auténtico lastre para la economía que se repite sin solución.
“Que sea un problema europeo del que ningún país se libra no significa que en el Estado español no se produzca una situación tremendamente preocupante, ya que presenta unas cifras tremendamente altas que lastran la recuperación económica y la inversión en servicios públicos”, señala Miranda al diario.
La eurodiputada pide “medidas concretas” como el aumento de la fondos para la lucha contra la corrupción, el refuerzo de la Fiscalía Europea, mayor cooperación entre la OLAF y el Fiscal Europeo con más reuniones periódicas para tratar poder analizar los fraudes investigados y detectar posibles vínculos entre causas diferentes.
El BNG propone aumentar y garantizar la protección a los denunciantes, periodistas y ONG que destapen casos de corrupción.
