Redacción - 27 de febrero de 2019
Varios juzgados de Madrid han recibido una oleada de demandas para intentar evitar que el Gobierno saque la momia del dictador del Valle de los Caídos.
Según detalla ‘eldiario.es’, todas tienen el mismo texto y se basan de un informe de la Fundación Franco. Pretenden invalidar un informe técnico para que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no de la licencia para ejecutar las obras de retirada de los restos.
El juez Yusty Bastarreche, que criticó las leyes de memoria, dictó un auto el 25 de febrero invalidando dicho informe afirmando que las obras ponen en riesgo “la vida”. Otros jueces desestimaron dichas demandas antes de que el magistrado paralizara la exhumación durante unos días.
Bastarreche escribió en artículos:
“El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”.
Otro magistrado, Daniel Sancho Jaráiz, que estudió demandas similares y las rechazó ha establecido: "Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares. (…) Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares. (…) Del mismo modo que no quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”.
De esta forma rechaza las medidas cautelares solicitadas y añade que ya se pronunció en este sentido:
"Se trata de una cuestión ya resuelta por este juzgado, sin que el hecho de que el Consejo de Ministros haya acordado el pasado día 15 de los corrientes la exhumación permita considerar variadas las circunstancias urbanísticas recogidas en el Auto de este Juzgado. El artículo 132 LRJCA permite revocar las medidas cuando se hubiera producido un cambio de circunstancias, pero en este caso, la cuestión urbanística, que es la que a nosotros compete no ha sido modificada ni han cambiado las circunstancias", reza el auto fechado el 26 de febrero de 2019.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez creen que estas demandas son un intento de obstaculizar por parte del entorno del dictador.
Moncloa afirma en un comunicado:
"La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante. (…) Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes".
Por tanto el Gobierno está convencido que ningún otro juez podrá aplicar medidas cautelares urgentes y que todo se resolverá de forma unificada, y que finalmente se podrá exhumar al dictador.
