La todopoderosa Ferrovial está siendo investigada por la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si ha participado junto a otras grandes empresas “en prácticas anticompetitivas en los sectores de construcción, explotación, conservación y mantenimiento de carreteras en España, a través de la manipulación de licitaciones realizadas por Administraciones Públicas desde al menos 2014”.

Según informa ‘eldiario.es’, la sociedad de la familia Del Pino, pudo participar en prácticas ilícitas contra la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Inspectores de la CNMC entraron en sus oficinas en diciembre cumpliendo la orden de inspección de Beatriz de Guindos, directora de Competencia del organismo, al encontrar “indicios fundados de que en sus dependencias había “documentación relevante a los efectos de la comprobación que se pretende sobre un posible ilícito administrativo, estimándose proporcionada la invasión de la sede compartida de Ferroser Infraestructuras, S.A., y de Ferrovial Servicios, S.A.”.

El digital detalla que la CNMC no ha comenzado ningún expediente aún. La constructora recurrió argumentando que los inspectores habían realizado “un interrogatorio en relación con el proceso de elaboración y presentación de ofertas en licitaciones, sin informar al empleado de los elementos relacionados con los hechos inspeccionados, no observándose las garantías legales necesarias”.

La CNMC está estudiando ‘cárteles’ empresariales de prácticas anticompetitivas que podrían quedar excluidos, según refleja la ley, de la contratación con la administración del Estado.

Las grandes constructoras del país están en el expediente sancionador que abrió el 1 de octubre la CNMC contra Dragados (ACS), Ferrovial, Acciona, Corsán-Corviam, FCC, OHL y Sacyr por presuntas prácticas anticompetitivas en licitaciones de la Administración Pública para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.

En enero de 2015 Ferrovial fue sancionada por la CNMC junto a algunas de sus rivales por participar en el llamado cártel de la basura. A la filial de Ferrovial, Cespa, le cayó de multa 13,6 millones aunque la mayor fue para ACS, ambas por amañar contratos.

Hace un año la CNMC ha vuelto a abrir expediente sancionador a las infractoras por los mismos hechos.

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