La lentitud de la justicia ayuda a los presuntos delincuentes y la pérdida de dinero presuntamente defraudado, en esta ocasión 850.000 euros.

Tres nuevos casos de los ERE se unen a la larga lista de archivos por prescripción de la instrucción de la juez María Núñez Bolaños.

La sustituta de la magistrada Mercedes Alaya, la cual fue apartada con engaños para no descubrir "hechos sumamente graves" como ella misma denunció, ha cerrado tres nuevas piezas al caducar el plazo legal para perseguir los supuestos delitos de empresarios investigados.

Núñez Bolaños, cuya cuñada trabajaba en la zona cero de la corrupción, la agencia IDEA, controlando precisamente las transferencias de los ERE, ha llevado a cabo una lenta instrucción según le han criticado desde la propia Fiscalía Anticorrupción.

Días antes de las elecciones, la instructora, cuyo marido es amigo del ex consejero de Justicia Emilio de Llera y fue elegido a dedo para ocupar un alto cargo, dictó varios autos que dejaba sin juicio tres presuntos casos de corrupción que alcanzaban un total de 847.754 euros que dio la Junta de la organización PSOE-A del fondo de reptiles.

Curiosamente la Audiencia de Sevilla estableció que si una ayuda es menor a 450.000 euros y ha transcurrido más de diez años desde el último pago hasta que se imputó a los supuestos responsables penales, los delitos caducan y no se pueden enjuiciar.

La persecución del delito finaliza a los diez o quince años dependiendo del delito y de la cuantía, pero dicho plazo no se detiene hasta que se cita a los imputados por alguna de las ayudas.

Mercedes Alaya, a la que crearon un cargo ex profeso para ella y arrebataron las causas de los multimillonarios fraudes de la formación y de los ERE mediante engaños según denunció, afirmó que existía un pacto de no agresión con Mariano Rajoy, urdido según ella por Susana Díaz.

Posteriormente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccionó contra Alaya por denunciar el presunto manejo bipartidista de la Justicia.


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