La Fiscalía Anticorrupción va a pedir que Esperanza Aguirre declare como investigada ante la Audiencia Nacional por el caso Púnica.

Según publica El Español, la investigación engloba desde las cuentas suizas del empresario David Marjaliza y del exconsejero Francisco Granados, a la concesión de centenares de contratos públicos a cambio de supuestas comisiones ilegales en numerosos ayuntamientos y cuatro comunidades autónomas (Madrid, Castilla y León, Valencia y Murcia).

Una de las múltiples piezas se centra a la presunta financiación ilegal de las campañas del PP de Aguirre en la Comunidad de Madrid. Por este motivo la expresidenta va a ser llamada a declarar como investigada ya que han aparecido datos incriminatorios que apuntan hacia ella.

El digital detalla que la presidenta del PP madrileño tuvo una inyección ilegal de dinero extra en las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011.

A su vez se han encontrado indicios de que empresas cercanas al PP habrían organizado una trama de facturas falsas para encubrir pagos que iba a los actos electorales del partido de Aguirre.
Además, hay datos de que determinadas empresas se vieron beneficiadas por la concesión de contratos públicos.

Todo parte de una agenda manuscrita de Granados, mano derecha de Aguirre y secretario general del PP madrileño. La UCO concluyó que una de las partidas de 2,1 millones de euros reflejada en ella como entrada, tenía un montante de 500.000 para Marjaliza y Granados mientras 1.600.000 iban al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutierrez para la campaña de las autonómicas de 2011.

La Guardia Civil, en un informe del pasado 25 de marzo, mencionó expresamente la posible implicación de Aguirre asistiendo a reuniones con Ignacio González, Granados y otros peces gordos de la CAM con el empresario argentino Daniel Horacio Mercado. En esos encuentros se dieron “instrucciones precisas” para que las consejerías metieran a las empresas de Mercado en los contratos de comunicación y publicidad, una manera de “recompensar” al empresario por su labor en las campañas del PP de Aguirre en 2003 y 2007.

Los investigadores afirman que Indra (que consiguió contratos de Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM) habría pagado un total de 566.497 euros para las campañas del PP de Aguirre en 2007 y 2011.

Granados, declaró ante el juez García-Castellón en febrero de 2018, que “me consta que había una campaña paralela y ajena al PP desde el punto de vista contable” para apoyar a Esperanza Aguirre como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2007 y 2011. Era una campaña “específica” para la expresidenta pagada, según dijo, por empresas públicas de la Comunidad de Madrid como el Consorcio de Turismo, PromoMadrid y Canal de Isabel II.


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