Redacción - 9 de octubre de 2020
La financiación de 13 TV con 20 millones de euros por parte de la Iglesia podría ser ilegalizada por la Unión Europea.
Sira Rego y Manu Pineda, eurodiputados de Izquierda Unida han solicitado este jueves a la Comisión Europea que determine si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del que goza la Iglesia Católica en España y la donación de 20 millones de euros a la cadena ultraconservadora Trece TV son ayudas prohibidas por la legislación europea.
En sus preguntas realizadas en el Parlamento Europeo, Izquierda Unida hace referencia al informe del Tribunal de Cuentas de España (TC) que en julio advirtió de los 20 millones de euros que la Iglesia dio a dicha televisión, del dinero que recibe de la declaración de la renta, podrían ser consideradas ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea.
El Tribunal de Cuentas detalló que “debe destacarse que, en las memorias de 2016 y 2017 se señala que se han realizado aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria, que podría ser objeto de análisis por órganos competentes en ello”.
Posteriormente dicho ente abrió la posibilidad de que hubiera una investigación para comprobar que “respeta lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la sentencia C-74/16 y en la Comunicación 2016/C262/01”.
En febrero los eurodiputados de IU pidieron a la Comisión que detallara su posición sobre estas ayudas y la vicepresidenta Margrethe Vestager respondió que hasta que el TC no hiciera público su informe definitivo no se podría analizar el caso. Rego y Pineda creen que el documento final hecho público en julio prueba la irregularidad de las donaciones.
En una segunda pregunta, los eurodiputados de IU se han referido a la exención del IBI del que goza la Iglesia en España gracias a los Acuerdos con la Santa Sede. “Esta exención, no sólo afecta a los lugares de culto, sino que también es interpretada y aplicada cuando afecta a inmuebles propiedad de una entidad católica donde se desarrolla una actividad económica con explotación mercantil”, reza el documento enviado a la Comisión Europea.
Los artículos 107 y 108 TFUE regulan este tipo de ayudas y las mismas sentencias C-74/2016 y C-622/2016, de 2017 y 2018 respectivamente, abren la posibilidad de considerar estas ayudas como ilegales.
En esta cuestión la Iglesia es favorecida a la hora de “utilizar sus bienes inmuebles para actividades mercantiles y es aquí donde la jurisprudencia europea choca de frente con los Acuerdos con el Vaticano, algo que la organización Europa Laica lleva denunciando décadas. El Concordato establece que las ayudas a la Iglesia deben servir para su sostenimiento, no para su enriquecimiento, pero a juzgar sus cuentas esto no se está cumpliendo. Según el Tribunal de Cuentas, la Iglesia Católica española tuvo un superávit de 35 millones de euros entre 2016 y 2017 ” afirma IU en su web.
