Redacción - 5 de mayo de 2021
La gestión de las red de carreteras de nuestro país va a pasar a la historia como una de las mas ineficientes y caras de la historia. Si algunos países como Alemania apuestan por una red completamente pública financiada con los impuestos de sus ciudadanos y otros como Francia optan por dejar en manos privadas los gatos desarrollo y mantenimiento de su red a cambio de que estas empresas cobren un peaje, la opción española coge lo peor de ambos sistemas.
Por un lado, el gobierno permite la existencia de autopistas de peaje pero firma con las empresas concesionarias contratos muy ventajosos que hacen que si algo va mal y el tráfico no es el esperado las pérdidas no la asuma la empresa, sino todos los españoles con sus impuestos.
Esto es lo que acaba de pasar con la empresa Abertis, que recibirá de manos del Estado al menos 1.291 millones de euros cuando en agosto finalice la concesión de tres tamos de la Autopista del Mediterráneo (AP-7). Para colmo, ahora que por fin tras décadas sufriendo el pago de peajes rutas importantísimas para la cohesión territorial como al que une Sevilla y Cádiz vuelven a ser gratuitas, el gobierno estudia hacernos pagar un nuevo impuesto.
Los planes del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez pasa por establecer un nuevo sistema de peaje telemático parecido al que opera en Portugal por el que haya que pagar por circular por todas las autovías del país, algo que entre otras cosas podría suponer un aumento de tráfico en las carreteras secundarias donde más accidentes mortales se producen.
