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17 de junio de 2018
El Partido Socialista quiere que el Estado sea quien asuma la localización de las fosas comunes y realizar unas reformas que permitirían la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
Para ello, según publica EL PAÍS, se debería incluir en el código penal el delito de apología del franquismo y cambiar la ley de asociaciones y fundaciones.
El año pasado la oposición instó al Gobierno de Rajoy para que investigara dicha fundación ya que el abogado Eduardo Ranz reveló que estaba ofreciendo asesoramiento legal a varios Ayuntamientos para afrontar las denuncias por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que prohíbe calles, placas y vestigios franquistas.
La propuesta de Juan Andrés Perelló irá a la ejecutiva del PSOE este lunes e incluye “sanciones” para quienes incumplan la normativa.
La ministra de Justicia Dolores Delgado ha variado un poco la estructura de forma que la dirección general de cooperación jurídica internacional tendrá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, sin que tenga un coste presupuestario adicional.
Esta nueva dirección general quiere acceder a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su represión, e incluso anular las condenas emitidas por tribunales franquistas.