El ministro Josep Borrell, de un gobierno supuestamente progresista y de izquierdas, parece empeñado en no reconocer la responsabilidad de España para con el Sáhara Occidental, a pesar de que la ONU y la Audiencia Nacional, se han pronunciando en contra de lo que, a este respecto, ha dicho en varias ocasiones el titular de Asuntos Exteriores.

En concreto, Borrell dijo el 25 de octubre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado que España no es potencia administradora del Sáhara Occidental: “España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Es importante saberlo para conocer cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio”.

Ante esta afirmación, la delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, ha expresado en un comunicado que aunque España se marchara del Sáhara Occidental y “abandonara a su suerte al pueblo saharaui incumpliendo sus obligaciones en materia de descolonización”, la doctrina de la ONU es muy clara “al establecer que la transmisión de la condición de potencia administradora no puede efectuarse nunca a favor de un tercero, sino en todo caso a favor de Naciones Unidas”, según recoge la web Por un Sáhara Libre.

La delegada saharaui es terminante: “España sigue siendo de iure, según Naciones Unidas, la potencia administradora del Sahara Occidental y según no tuvo más remedio que admitir la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional en su auto 40/2014”.

La intervención del ministro de Asuntos Exteriores en el Senado, que le ocupó un minuto y diez segundos en lo referente al Sáhara Occidental, fue en respuesta a varias preguntas de Pablo Rodríguez Cejas, senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC) y otras de los senadores Jokin Bildarratz Sorron (PNV), Jordi Martí Deulofeu (ERC) y Jon Iñarritu García (Bildu).

Por el Grupo socialista intervino Rafael Lemus Rubiales, quien afirmó que “en las negociaciones y los diálogos que el Gobierno de España mantiene en la actualidad con el Gobierno de Marruecos —igual que han hecho posiblemente los anteriores— está encima de la mesa el respeto por los derechos humanos de los presos políticos, en este caso, del Frente Polisario”.

La del Senado no ha sido la primera vez que el ministro Josep Borrell ha excluido a España de responsabilidad como potencia administradora de su excolonia. El 4 de julio, en la Comisión de Exteriores del Congreso, dijo que la vinculación histórica y afectiva que tenemos con el pueblo saharaui “no debe interpretarse como una responsabilidad jurídica porque España no es potencia administradora del Sáhara Occidental”.

La delegada del Polisario ha lamentado que el ministro no hiciera referencia alguna en el Senado “a la explotación ilegal de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental a través de acuerdos que han sido anulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

“No tiene ninguna lógica –ha señalado- que el Gobierno de España diga que respalda la posición de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y que al mismo tiempo promueva y defienda en la Unión Europea acuerdos que contravienen las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia de 2016 y 2018 y la propia doctrina de la ONU”.

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