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Juzgan a un guardia civil por acostarse con una mujer a la que asistió por violencia de género

17 de febrero de 2019

Juzgan a un guardia civil por acostarse con una mujer a la que asistió por violencia de género
Guardia Civil

Un Guardia Civil será juzgado el próximo martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de "abusar de su función" para mantener relaciones sexuales con una mujer a la que asistió como víctima de violencia de género y a la que, tras conocer sus problemas económicos, le ofreció pagarle el alquiler a cambio de acostarse con él.

El acusado, según recoge el escrito de acusación redactado por el fiscal, ejerció durante los años 2016 y 2017 el cargo de Brigada de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y de comandante en el puesto de la ciudad. En esta labor realizaba siempre tareas relacionadas con la violencia de género.

Fue durante esta función cuando tomó contacto con la víctima, a la que realizó una visita hospitalaria tras una agresión. En este contexto, el acusado ofreció a la mujer ayuda, así como un lugar para "preservar su seguridad".

Días después, la mujer se personó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar el quebrantamiento de la orden de protección y medida de alejamiento impuesta a su pareja, cuando volvió a tener contacto con el hombre.

El agente tenía conocimiento de los datos de la mujer, incluidos su dirección y teléfono, así como datos relacionados con sus problemas económicos y de consumo de drogas, o que ejercía la prostitución. Valiéndose de estos datos, quedó con la mujer, le invitó a cenar y le ofreció pagarle un alquiler.

Siempre según el escrito del fiscal, el acusado "doblegó su voluntad" y la "llevó a su domicilio", en el propio cuartel de la Guardia Civil, el 27 de junio, donde "mantuvieron relaciones sexuales". "Al preguntarle ella después por el dinero ofrecido por el alquiler, le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo", detalla el escrito.

El fiscal pide para él agente una pena de 18 meses de prisión y la inhabilitación absoluta por un periodo de siete años, ya que cree que los hechos son constitutivos de un delito de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario, así como de abuso de su función.

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