El Ejecutivo de Francisco Camps utilizó al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos para asesoramientos así como en distintas instituciones y departamentos.

Según publica eldiario.es, Enrique Álvarez Conde, el director del ente implicado en el escándalo de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y Carmen Montón, exministra de Sanidad, tenía un gran apoyo entre los peces gordos del PP que también acabaron siendo profesores en su instituto.

El exsubsecretario de la Conselleria de Inmigración, Alexnandre Català, que está en la cárcel cumpliendo una pena de cuatro años y medios por saquear fondos públicos de la cooperación internacional a través de una trama dirigida por el exconseller Rafael Blasco, perteneció al Instituto de Álvarez Conde entre los años 2008 y 2009.

Su departamento pagó una factura de 18.000 euros al ente de la Universidad Rey Juan Carlos por un “Informe sobre los modelos de integración en las personas migrantes”.

El diario afirma que fue emitida el 28 de abril de 2009 y pagada el 19 de mayo de ese año, en tan solo 20 días después en plena crisis.

A su vez, el 17 de julio de 2008, desde la subsecretaría de Catalá se abonaron 6.000 euros por un análisis del marco legal de la integración. En enero se pagaron ademas otras dos facturas de 6.000 cada una por un “estudio sobre la normativa vigente” e información en materia de inmigración.

Dentro del instituto de la URJC estuvo también Félix Crespo, concejal del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá que está imputado, por presunta financiación ilegal del PP, en el caso Taula.

El Instituto de Álvarez Conde ya obtuvo en 2008 otros contratos anteriormente como los 30.000 euros por un convenio “para actividades en el ámbito del bienestar social” y la Conselleria de Bienestar Social del poliimputado Juan Cotino así como un encargo del Consell Jurídic Consultiu al director del ente para que elaborara los “Comentarios a la Constitución Europea”.

Álvarez Conde recibió el “Premio a la Excelencia Docente” en 2009 dotado de 3.000 euros por la Conselleria de Educación de Camps y el Consejo Social de la Universitat de València.

Mientras el instituto de Álvarez Conde fichaba a Alexandre Català y otros peces gordos del PP para su consejo, obtuvo un total 81.120 euros del Ejecutivo de Francisco Camps.

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