Redacción - 12 de diciembre de 2018
El pasado martes, tres agentes y una secretaria judicial se personaron en la delegación de la agencia de noticias Europa Press en las Islas Baleares para requisar por orden judicial documentación y equipos corporativos y personales para intentar determinar el origen de una filtración periodística sobre el caso Cursach, según ha informado la propia agencia en un comunicado.
La redactora que cubre el caso se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de la información y los agentes de Policía le negaron contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Finalmente, se llevaron el teléfono móvil personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y documentos en papel. Todo ello sin que Europa Press esté siendo investigada, según han informado los funcionarios presentes en el registro.
La Policía también se personó en el medio de comunicación local Diario de Mallorca, con la intención de requisar el ordenador de trabajo y la documentación del periodista que cubre la información sobre el caso Cursach. Ante la negativa del medio de acceder a sus peticiones, los agentes se han marchado, aunque por la mañana ya habían requisado el teléfono móvil de ese mismo periodista, según informa el diario.
Kiko Mestre, el periodista en cuestión, relata en primera persona cómo se ha llevado a cabo la intervención de su móvil. Asimismo, el periódico en el que trabaja manifiesta "su rechazo a estas acciones judiciales que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución".
Europa Press ha lamentado "este ataque al derecho a la información", un "derecho fundamental recogido en la Constitución" y desde el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares ha calificado los sucedido como un "ataque aberrante a la libertad de expresión" y exigen que se garantice "el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa". También han querido mostrar su solidaridad con los dos compañeros: "No se puede criminalizar a los periodistas por hacer su trabajo".
Europa Press informó el pasado 5 de julio de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusaba al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, según un informe al que había tenido acceso la agencia.
En este proceso judicial se investiga a Bartolomé Cursach, un empresario del ocio nocturno en la isla de Mallorca que está acusado de más de 16 delitos. Se sospecha que tenía a sueldo a agentes de Policía para que acosaran a su competencia y que utilizaba a políticos y cargos públicos para mantener su influencia y beneficiar a sus negocios.
La trama de corrupción ahora en los juzgados involucra a agentes que multaban y hacían la vida imposible a cualquiera que quisiera hacer competencia a los negocios de Cursach y a políticos del Partido Popular en la región. Cursach está acusado de extorsión, cohecho, falsedad documental, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, delito fiscal, delito contra la salud pública, delito contra los trabajadores, corrupción de menores y homicidio, entre otros delitos.
Según se detalla en la orden de registro hecha pública por Diario de Mallorca, se está investigando el delito de descubrimiento de secretos y los denunciantes serían la Fiscalía, Bartolomé Cursach y Bartolomé Sber Nicolau.
