Redacción - 25 de junio de 2018
El Gobierno de Carles Puigdemont tenía un plan concreto para llevar a efecto una República Catalana de manera unilateral, aislándose de Europa y el resto del mundo e imponiendo un control férreo a los medios de comunicación dentro de sus nuevas fronteras, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil
Según ha desvelado hoy El Confidencial, los agentes encontraron en un despacho del Palau de la Generalitat las cartas que el Ejecutivo de Junts pel Sí ya había redactado para comunicar oficialmente a los presidentes de Atresmedia, Cope, Corporación RTVE, Mediaset, Movistar, Grupo Prisa, Unidad Editorial y Vocento que tendrían que someterse a un nuevo proceso de adjudicación de frecuencias para poder seguir operando en territorio catalán.
Las misivas fueron encontradas dentro de un cuaderno en el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia durante el mandato de Puigdemont. La Guardia Civil detuvo a este alto cargo del PDeCAT muy cercano a Artur Mas el pasado 15 de marzo por su papel directivo en la campaña de publicidad institucional del 1-O.
Molons está imputado por malversación de caudales públicos y desobediencia en la causa contra el procés que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona. Pese a ello, Quim Torra lo acaba de rescatar para su Gobierno nombrándolo secretario de Comunicación y de Medios de Comunicación, desde donde controla la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (TV3 y Catalunya Ràdio) y el maná de las subvenciones a los medios.
En una de las cartas la Generalitat advertía al Gobierno de España de que iba a liquidar las licencias de emisión en el suelo catalán. "Quería informarle que hemos comunicado a todos los titulares de los servicios de comunicación audiovisual que prestan servicios de comunicación en nuestro país, algunos de ellos desde el estado español, que de manera provisional se mantienen las condiciones respecto a la emisión de estos servicios en Cataluña y al uso del espectro radioeléctrico que estas conllevan", planteaba la carta antes de comunicar los cambios supuestamente provocado por la DUI. "Próximamente les informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias para prestar los servicios de comunicación audiovisual en Cataluña de acuerdo con el marco jurídico que en su caso, se puede determinar".
Cartas similares a la que iba a recibir el Gobierno de España estaban listas para ser remitidas al ministro de Economía, Industria y Nuevas Tecnologías de Francia, un cargo que en aquel momento ostentaba el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron; así como a los máximos responsables de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Grupo de Reguladores Europeo para los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA), la Unión Europea de Radiodifusión y el Organismo de los Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC). La Generalitat pretendía ocupar su propio asiento en esas organizaciones.
De hecho, los investigadores también hallaron en el despacho de Molons estudios sobre "la sucesión [de Cataluña] en la condición de parte de los tratados multilaterales ratificados por el Reino de España" en las áreas de la comunicación y la información, y documentos que recogen la creación de una "Agencia Gubernamental, un Consejo Nacional, su estrategia y un plan nacional de Ciberseguridad, así como se esboza la Ley de Ciberseguridad de Cataluña".
"Este proceso de desconexión con la elaboración de estas estrategias no son fruto de operativas de salón, sino que tenían un objetivo real que no era otro que la declaración de independencia y proclamación de un nuevo estado", señala el informe de la Guardia Civil. "Es por tanto lógico e indudable que en estos planteamientos se empleasen recursos públicos, tanto humanos como económicos", añade el informe, reforzando las acusaciones por malversación de caudales públicos que recaen sobre Molons y otros altos cargos del gabinete de Puigdemont. "Por el lugar y la persona donde y a la que se encontraron estos documentos, el despacho (en Palau de la Generalitat) de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, refuerzan lo mentado en párrafos anteriores", concluye el informe.
Digital Sevilla