Digital Sevilla
27 de junio de 2018
La Guardia Civil ha encontrado un ‘power point’ en la sede de Convergència (CDC) que podría involucrar a Artur Mas en la gestión de la caja B de la formación catalana.
El documento detalla un sistema de funcionamiento y apunta a que el expresident era el responsable de supervisar y coordinar los departamentos de tesorería y gerencia, las bases de la presunta trama de financiación ilegal del 3%.
Según detalla El Confidencial, Artur mas, presidente del partido entre 2012 y 2016 sería el cerebro de una organización delictiva que había captado fondos en B de como mínimo 1.040.800 euros entre los años 2008 y 2013.
Según el documento, el president de la Generalitat entre los años 2010 y 2016, conocía la actividad de su gerente y tesorero y ambos le rendían cuentas.
Cuando Maragall dijo que el problema de CiU era el 3%, el empresario Salguero denunció en 2005 mordidas por obras públicas a Convergència.
Esta nueva prueba aporta una nueva dimensión a la investigación que comenzó en 2014 al encontrar pruebas de financiación en B del partido en una causa que en principio se limitaba a Torredembarra (Tarragona) pero que acabó extendiéndose.
Las investigaciones cercaron al tesorero Andreu Viloca y su mano derecha, el gerente hasta 2011 y secretario general de su primer Govern, Germá Gordó. Este último fue además curiosamente consejero de Justicia durante el segundo mandato de Artur Mas, que ahora es situado como presunto vínculo en la trama.
Viloca, y Daniel Osácar, su predecesor, condenado por el caso Palau, gestionaban los cobros de las donaciones en B de los empresarios que querían contratar obra pública en Cataluña y otros servicios de las instituciones que gobernaba CDC.
Sus actuaciones, y las de otros cargos convergentes, se vinculan en al menos 24 adjudicaciones de 218 millones de euros afectando además al presidente de la Autoridad del Puerto de Barcelona (APB), Sixte Cambra; el expresidente del ente Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) Antoni Vives y los exdirectores generales del organismo público Infraestructuras de Cataluña Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell.
A su vez, según los agentes, CDC y sus dos organizaciones CatDem y Fórum, operaban juntas para captar supuestamente donaciones ilegales para financiar gastos electorales y ordinarios del partido.
Una de las adjudicaciones que se investigan ahora es la adjudicación del túnel de las Glòries de Barcenlona por 60 millones de euros aunque las pesquisas siguen abiertas y los supuestos cobros ilegales podrían crecer en las próximas horas.
