Redacción - 14 de julio de 2018
El diario EL PAÍS acusa hoy sin pruebas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de pagar a finales del año 2006 a dueños de cayucos para que no usasen sus barcos para transportar a migrantes irregulares a las Islas Canarias.
Sin embargo, desde fuentes cercanas al Gobierno de por aquel entonces se da una versión muy diferente de la historia contada hoy por el diario del grupo PRISA, recordamos, sin aportar ninguna prueba.
En 2006 habían sido interceptados en las costas de Canarias 31.859 inmigrantes, la mayoría procedentes de Mauritania y de otros países del Sahel como Malí, Burkina Faso, Chad y Níger. Solo en tres días de marzo de 2006, con el inicio de la llegada del buen tiempo, decenas de cayucos dejaron casi 500 inmigrantes en las costas canarias.
La situación era insostenible y había que pararla ya que las autoridades estaban desbordadas y estas miles de personas que llegaban a nuestras cosas se estaban jugando la vida en el mar. El Gobierno de Zapatero decidió actuar utilizando a los servicios de inteligencia del CNI que se desplegaron sobre el terreno.
Fuentes cercanas al Gobierno de esos años aseguran a Digital Sevilla que no se pagó dinero a los dueños de las embarcaciones y reconocen que lo único que se hizo fue “negociar” con las empresas que suministraban los repuestos de los cayucos, especialmente los motores de fabricación japonesa que equipaban estas embarcaciones, para que los derivaran a otro uso.
Temporalmente se consiguió romper la cadena de repuestos y frenar la salida de cayucos, pero pronto las redes de tráfico de personas buscaron otros canales de distribución, por lo que la operación resultó “escasamente rentable”, según fuentes conocedoras de la misma.
Finalmente se cambió de estrategia para abordar el problema creando el Plan África, que incluía la entrega de equipos policiales y militares, el despliegue de patrulleras de la Guardia Civil y la puesta en marcha de programas de cooperación.
