El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos estaba inmerso en un turbio proceso de expolio del galeón español San José para dárselo a una empresa cazatesoros la Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, con capital británico y con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán como destapó el diario ABC.
En seis meses pretendía saquear el fondo marino y repartirse al 50% los beneficios económicos de la carga que transportaba el buque de la Armada española que explotó mientras combatía contra una escuadra británica cerca de Cartagena de Indias en 1708 en el marco de la Guerra de Sucesión española.

El galeón tenía en sus bodegas parte de la carga valorada en 11 millones de pesos que una escuadra española transportaba desde Portobelo (Panamá) a Cartagena de Indias (Colombia), entonces puertos claves del Imperio español.

El comodoro británico Charles Wager atacó la flota de transporte y se fue con las manos vacías al abordar un barco que no llevaba el rico botín.

En diciembre de 2015, José Manuel Santos anunció el hallazgo del pecio, mantuvo a España al margen de la investigación y decretó secreto de Estado el expolio del botín concertado con los británicos sin comunicar siquiera el nombre de la empresa cazatesoros.

Además Santos cambió una ley para poder repartirse la plata del San José contraviniendo la legislación colombiana sobre arqueología y en contra del criterio de todas las universidades del país que sufrieron presiones del propio gobierno de Santos.

La Procuraduría General de la Nación advirtió de la ilegalidad del contrato y el proyecto. Además, gracias a la acción popular, el caso llegó al Tribunal Superior de Cundinamarca que iba a fallar en contra del saqueo planificado por Santos.

El presidente saliente, tras la victoria de Iván Duque, ha cedido a la presión popular y judicial y se queda sin repartirse el botín con los británicos que iba a acabar en uno de sus paraísos fiscales.

Según los expertos en la materia se iba a cometer un crimen ya que el contrato con los cazatesoros estaba “caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica".

España y Colombia mantienen desde su hallazgo discrepancias sobre la titularidad del galeón San José. El navío se trata de un “barco de Estado” según la Unesco de la Armada española y por tanto pertenece a España.
Josep Borrell, ministro de Exteriores, ha declarado que España mantiene su posición y ofrece colaboración a Colombia para rescatar el contenido del galeón San José.

 

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