La Audiencia Nacional va a sentar en el banquillo a peces gordos de la empresa pública de armamento Defex por corrupción en la venta de material militar a Arabia Saudita.

Según publica EL PAÍS, personas cercanas a la familia real saudí, altos cargos del Gobierno de la dictadura y altos funcionarios diplomáticos, recibieron comisiones ilegales según el auto del juez José de la Mata.

El documento detalla la extensa red laberíntica de comisionistas e intermediarios implicados para el amaño de 11 contratos en armas valorados en 48 millones de euros.

Mediante un entramado de empresas pantallas se ocultaba el cobro de los sobornos provenientes presuntamente de Defex, sociedad participada al 51% por el conglomerado público SEPI.

La Audiencia Nacional lleva desde 2014 investigando esta empresa por el amaño de contratos de venta de armas y material de defensa a Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudita.

El magistrado propone juzgar al expresidente de la compañía, José Ignacio Encinas; a varios directivos como Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe y los intermediarios, Carlos Ques Blandigneres y Álvaro Cervera Pérez, a la propia empresa como persona jurídica así como a otras tres sociedades por presuntos delitos de soborno relacionados con estas 11 contrataciones entre los años 2005 y 2014.

Ocho de los contratos investigados vendieron carros blindados y munición a la dictadura saudí, actualmente en guerra bombardeando civiles en Yemen e impidiendo que llegue comida a la población.

Tras la investigación realizada por la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha logrado identificar a los propietarios de las empresas que, ocultas bajo iniciales, aparecían en la documentación intervenida como receptora de los sobornos. El juez establece a su vez en el auto los los vínculos de estos con diferentes ámbitos de poder en Riad.

En el auto se reflejan distintas empresas saudíes, sus responsables y los pagos recibidos por los contratos. Según el auto, altos militares saudíes se llevaron una comisión de 1,2 millones de euros tan solo en uno de los contratos además de pagos al agregado de Defensa en la Embajada de Arabia Saudita en España entre los años 2005 y 20014.

El juez afirma que hubo un objetivo, la “depredación de fondos públicos de Defex”. Para conseguirlo se creó una “gigantesca estructura” de consultores, proveedores, intermediarios, agentes comisionistas y toda una serie de contratos entre ellos que solo pretendían “encubrir la depredación”. Era todo falso, añade el juez, y señala a dos personas que jugaron un papel clave: Carlos Ques Blandigneres y Álvaro Cervera Pérez. El primero —al que el juez imputa cuatro delitos— manejaba los contratos de repuestos a través de su empresa pantalla Nytel. El segundo —con seis delitos— se ocupaba de las municiones con el grupo Ike y de Defence Development.

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