El magistrado Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional investiga si el robo de la tarjeta del móvil de una eurodiputada amiga de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, del que se extrajeron fotografías y conversaciones privadas del líder de Podemos, fue una maniobra de la “organización criminal del Ministerio del Interior”, para “extorsionarle y boicotear” el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en 2016.

Así lo afirman fuentes de la investigación a la Cadena SER detallando que se realizó al principio de verano de aquel año cuando todavía se estaba labrando un posible pacto de izquierdas para gobernar España.

Entonces se emplearon contra Pablo Iglesias dichas informaciones publicadas en medios de comunicación con los que Villarejo tenía relación como OK Diario, de Eduardo Inda.

Este medio, fue uno de los primeros en publicar el informe PISA así como el chat privado de la formación donde Iglesias hacía comentarios sobre lo que le haría a la presentadora de televisión Mariló Montero, que el diario de Eduardo Inda publicó el 22 de julio de 2016.

Ayer, el propio Pablo Iglesias tuvo que declarar en la Audiencia Nacional durante media hora al respecto en calidad de perjudicado afirmando posteriormente que ha declarado a los investigadores que lleguen hasta el final del caso.

Según fuentes de la investigación detallan a la SER esta causa reafirma la acusación del mismo juzgado contra la Policía Política de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy.

Esta policía ilegal se usó contra líderes soberanistas, para destruir los pendrives de Bárcenas, incluso secuestrando a su familia mediante un sicario, o espiar a la izquierda.

El excomisario Villarejo y la Policía Política de Fernández Díaz de la que era miembro, espió a Pablo Iglesias. Además intentó judicializar el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, para manchar su imagen y acusar a su formación de financiación ilegal, informaciones que se publicaban en OK Diario.

Los juzgados rechazaron este documento porque se trataba tan solo de “elucubraciones” y “copia y pega” de medios de comunicación, sin prueba alguna que mereciera una investigación al no haber ni indicios de blanqueo o financiación ilegal.

Si estas informaciones se confirman podría tratarse de uno de los mayores escándalos de la democracia española y delitos de extrema gravedad presuntamente cometidos por un gobierno.


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