La Abogacía del Estado ha rechazado el intento de la familia Franco de paralizar la exhumación de la momia del dictador del Valle de los Caídos.

Los nietos de Francisco Franco habían presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez solicitando su suspensión.

El Supremo admitió a trámite el recurso y dio diez días a los servicios jurídicos del Estado para que opinaran al respecto.

Según publica ‘eldiario.es’, la Abogacía del Estado, órgano que depende jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a las medidas cautelares que pedían los Franco porque la exhumación no vulnera ni los derechos fundamentales ni la Constitución.

A su vez establece que el proceso no es irreversible pues Franco podría volver al Valle de los Caídos si la sentencia firme del Tribunal Supremo así lo ordenase.

La abogacía sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado conforme al decreto ley aprobado en agosto y convalidado por el Congreso de los Diputados recordando que no se interpuso contra él ningún recurso de inconstitucionalidad.

“El Gobierno está sujeto, por consiguiente, al mandato legal explícito del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica”, establece el documento de la Abogacía que da por buenos los informes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Hay que recordar que un juez contrario a la ley de Memoria Histórica ha impugnado la licencia de obra, pero en el Gobierno sostienen que no la necesita para llevar a cabo la exhumación.
“No existe vulneración de ninguno de los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente”, según la Abogacía del Estado, que no ve vulneración del derecho a la intimidad –el acuerdo del Gobierno de Sánchez aclara que se evitará cualquier tipo de intromisión durante el proceso– ni a la libertad religiosa.

“El acuerdo resalta que, la misma se ha planteado para un supuesto de hecho que ni se ha producido, ni se ha planteado siquiera que se vaya a producir referido a la exhumación sin autorización eclesiástica o de la autoridad judicial competente. Por consiguiente, no puede haber vulneración. (…) Caso de que se llegase a dictar sentencia que estimase el recurso contencioso-administrativo y anulase el acuerdo impugnado con la consecuencia de reponer a la situación originaria, esto es, ser procedente la inhumación de Francisco Franco Bahamonde en la Basílica del Valle de los Caídos, sería perfectamente posible acometer dicha inhumación”, establece.

Cuando el Supremo tenga la respuesta de la Abogacía del Estado tendrá que decidir si acepta la suspensión de la exhumación solicitado por la familia del dictador o si la rechaza.

Desde Moncloa dan por seguro a ‘eldiario.es’ que la decisión se hará antes del 28 de abril esperando que el Tribunal Supremo le dé la razón para que la momia de Franco se inhume en el cementerio de El Pardo el 10 de junio.