Las puertas giratorias están a pleno rendimiento al colocar a 139 ministros y peces gordos del Estado del sector público al privado desde enero de 2014 al 13 de marzo del presente año.
Según detalla ‘publico.es’, en cinco años se han otorgado 247 autorizaciones desde la Oficina de Conflictos de Interés ya que muchos altos cargos realizan peticiones múltiples para ir a diferentes trabajos en el sector privado.

El más reciente el de Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta del Gobierno, que el pasado 8 de marzo fue autorizada para fichar por el bufete internacional Cuatrecasas.
No hubo ningún problema a pesar de que el director de dicha empresa de abogados, Emilio Cuatrecasas, se libró de la cárcel por un acuerdo con Fiscalía y la Abogacía del Estado cuando Santamaría era vicepresidenta.

Una tercera parte de los ministros de Rajoy han cruzado la puerta giratoria tras ser expulsados del Gobierno mediante la moción de censura que ganó Pedro Sánchez.
Rafael Catalá, exministro de Justicia, ha recibido cuatro autorizaciones para prestar servicios al despacho de abogados Herbert Smith Freehills, al Colegio de Abogados de Madrid así como a los patronatos de Legalitas y del Atlético de Madrid. Cabe recordar que Enrique Cerezo, presidente del club de fútbol, está involucrado en distintas investigaciones judiciales activas cuando Catalá era ministro.

El exministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha entrado a trabajar en Amrop Seeliger y Conde, en el Banco Interamericano de Desarrollo así como en el consejo asesor de la tecnológica NEC Ibérica.

Según detalla el digital, el exministro de Economía, Ramón Escolano, ha sido autorizado para trabajar en la consultora financiera Ernst & Young (EY), el Colegio Universitario de Estudios Financieros y la consultora española Llorente y Cuenca.

El subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, fue también autorizado en marzo para entrar en Cuatrecasas.

Junto a Escolano, también estará en Ernst & Young el ex Secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

Las puertas giratorias no se producen solo entre las primeras filas ya que gran cantidad de Secretarios de Estado y directores de entes públicos acaban entrando en grandes firmas privadas como Maxi Mobility Spain, la principal sociedad con la que opera Cabify en España, con sede en Delaware, la consultora Deloitte o el grupo Gerson Lehrman.

Muy curiosas son que el ecretario de Estado del Ministerio de Defensa, Agustín Conde, acabe en Escribano Mechanical & Inginieering S.L, empresa que fabrica armas o que el antiguo Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Juan Antonio Carrasco, entre en Airbus o que Eugenio Ferrer, el que fuera Jefe del Mando Aéreo de Combate pase a INDRA o que Francisco García Arnaiz, que era Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire trabaje como asesor para Global Training Aviation.

Y es que desde que Mariano Rajoy se fuera a comer y a beber a un restaurante durante ocho horas mientras le echaban en el Congreso, la Oficina de Conflictos de Interés ha dado 80 de las 257 autorizaciones dadas desde 2014.

Solo una tiene que ver con el Gobierno del Partido Socialista, la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que ahora trabaja como presentador del programa la Cometa TV.

Las puertas giratorias existen por el vacío legal que no ha sido solucionado por nuestros legisladores.

La Ley de Incompatibilidad establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Pero esto solo afecta a los peces gordos que reciban una retribución fija, lo que abre la puerta a múltiples artimañas para que las grandes compañías metan en su filas a quienes hasta hace dos días se encontraban tomando decisiones relativas a su actividad.

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