Redacción - 29 de mayo de 2019
Verónica, de 32 años, se suicidó el sábado después de que sus compañeros de trabajo difundieran de forma masiva un vídeo sexual suyo que finalmente lo vio su marido.
Los hechos sucedieron en la sede madrileña de CNH Industrial, propiedad del grupo Iveco, donde fabrican camiones más de 2.500 trabajadores. La Policía Nacional está investigando lo sucedido en la difusión del vídeo que dos semanas después llevaron a la joven a quitarse la vida.
Todos aquellos que enviaron el vídeo sin el consentimiento de Verónica, en este caso por WhatsApp, se enfrentan a un delito de revelación de secretos cuya pena va de 3 meses a un año de cárcel además de responsabilidad civil.
El juez decide la cuantía en base al perjuicio moral que los hechos pudiesen haber causado a la familia de la víctima.
El Artículo 197.7 del Código Penal establece:
"Todo el que, sin autorización de la persona afectada, difunda revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella, que hubiera obtenido con su anuencia, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal...".
Teniendo en cuenta que junto al vídeo a veces se incluyen comentarios y vejatorios de la víctimas, éstos podrían constituir un delito de injurias y contra su integridad moral.
En total, los delitos podrían suponer penas de hasta 3 años de cárcel para aquellos que hayan difundido el vídeo y hayan realizado comentarios vejatorios además de la responsabilidad civil.
El magistrado podrá solicitar todo el tráfico de datos y ver cómo se envió, quién fue el primero y quién lo reenvió.
Verónica, antes de suicidarse, fue a hablar de la situación a Recursos Humanos de la empresa, que le recomendó que denunciase los hechos, pero finalmente ella no dio el paso esperando al parece que todo pasase.
El hecho de que la empresa no tomara ninguna medida tras conocer los hechos, ni abriera expedientes disciplinarios o impusiera cualquier sanción, podría hacer que fuera también responsable de lo sucedido.
