El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado una demanda en los juzgados de A Coruña contra la familia Franco exigiéndole la devolución del pazo de Meirás. Su reclamación se basa en documento de 1938 que era desconocido hasta ahora y que, según el Ejecutivo, refleja que la venta del enorme inmueble al dictador fue "fraudulenta", según ha publicado el diario El País.

El acta notarial probaría que el palacio fue comprado el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo a los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán. Los fondos se adelantaron en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó mediante una recaudación popular que, cuando fracasó, se convirtió en forzosa. Tres años después, la venta a Franco de la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán y Franco sería fraudulenta ya que no eran dueños del recinto.

La JuntaPro-Pazo, donde estaban el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación, dio la propiedad en 1938, en plena Guerra Civil, a Francisco Franco. Este organismo cedía al general, en su condición de Jefe de Estado de la zona ocupada por los golpistas, el Pazo de Meirás que antes había sido adquirido a Manuela Esteban-Collantes y Sandoval, legítima heredera de la hija de Emilia Pardo Bazán, antigua propietaria de las Torres.

Los letrados del Estado recuerdan a su vez que desde ese año se ejecutó una remodelación realizada "por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras".

Después de que el dictador usara la propiedad como residencia oficial y se hiciera pública la donación, se entregó ante notario una escritura de compraventa de la finca del Pazo el 24 de mayo de 1941.

Dicha finca había sido inscrita en el Registro Civil de Betanzos justo medio año después.

Según El País, el Ejecutivo defiende en su demanda que “es evidente” que fue “un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre de 1938.

La demanda judicial se ha presentado contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con sociedad mercantil Prístina, SL.

Hace un año, un informe histórico-jurídico realizado a petición de la Diputación de A Coruña establecía que quien no era legítimo propietario del Pazo firmó sin embargo en un documento que "fingió la existencia de una nueva compraventa" en la que el comprador fue representado "a título exclusivamente particular".


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