Digital Sevilla
1 de octubre de 2019
Es probable que Juan José Cortés se quede fuera de la lista del PP para las elecciones generales del 10 de noviembre.
Según ha desvelado El Plural, el exdiputado por Huelva, podría ser sustituido tras un reajuste que están estudiando en las filas populares.
El digital informa que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, estaría detrás de la exigencia de que Juan José Cortés sea apartado. Cortés se ha plantado ante el Parlamento andaluza para pedir explicaciones a Moreno.
"Ha sido una sorpresa para bien. Se alegran muchísimo cuando me ven. Han disfrutado y les ha gustado mucho verme", declaró al diario tras hablar con el presidente del PP-A.
Lo curioso es que varios peces gordos de la organización con sede en Génova han alabado a Fátima Báñez, la exministra de Rajoy, que fue apartada del primer puesto de la lista por Huelva en favor de Cortés.
"Es una persona muy importante para el PP y el propio Pablo Casado ha dicho que estaría encantado de que Bañez estuviera de nuevo en el PP al cien por cien", ha dicho Pablo Montesinos.
Por su parte, Manuel Andrés González, presidente de los populares en Huelva, ha declarado al respecto: "Todavía no hay nada conforme a las listas y hay unos plazos" puesto que hasta "el 7 de octubre hay tiempo para hablar de esas cuestiones".
Pero los problemas de Cortés no quedan ahí ya que renunció a una subvención de 25.780 euros al año cuando asumió el acta de diputado. Esta ayuda era por unas "hernias" y "la depresión" que padece tras la muerte de su hija pequeña, según explicó él mismo a El Plural. Si ahora no obtiene plaza en el Congreso, tendría que empezar “desde cero” para que el tribunal médico le conceda dicha ayuda según han detallado en la Seguridad Social al periódico.
Por otro parte, Cortés tiene además embargados sus ingresos por una deuda mercantil cuyo montante asciende a 19.000 euros como informó El Confidencial.
Al no ser miembro de la Diputación permanente tampoco recibe su sueldo de parlamentario aunque sí se lleva una indemnización de 8.000 euros por el tiempo entre la disolución de las cámaras y los comicios.
