Redacción - 18 de noviembre de 2019
El Gobierno de España ha publicado un comunicado en el que condena "tajantemente" la escalada de violencia en Bolivia que ha resultado en hasta el momento 23 muertos y centenares de heridos.
Sin embargo, en el escrito no dice nada de sobre el golpe de estado ni sobre que la escalada de la represión se ha producido después, y no antes, de la salida forzada del presidente Evo Morales.
El Gobierno "de izquierdas" de Pedro Sánchez dice compartir "la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Decreto Supremo 4078, que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno".
Esto significa que además de no reconocer el golpe apoya el decreto del autoproclamado gobierno que da vía libre a la policía y al ejército para que apliquen toda la represión que quieran y asesinen a quien quieran sin que tengan que hacer frente a ninguna responsabilidad penal.
A renglón seguido, dicen justo lo contrario al afirmar que "las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de Derechos Humanos".
En el mismo sentido continúan afirmando que "España apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes en Cochabamba. El gobierno de España señala nuevamente que el legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas".
Por último, el gobierno "de izquierdas" de Pedro Sánchez asegura que todos los actores implicados, es decir, los golpistas y los democráticos; los asesinos y los asesinados; los que ganaron las elecciones y los que reventaron la casa del que ganó las elecciones... "deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional y a la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías democráticas lo antes posible como única salida posible a la crisis actual".
Por último el comunicado precisa que "la celebración de dichas elecciones debe ser la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas".
