Redacción - 3 de marzo de 2020
El TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abre la puerta a que las hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), puedan ser consideradas de abusivas.
Según La Sexta, este dictamen podría, si así lo consideran los tribunales españoles, costarle a la banca española 44.000 millones de euros.
El Alto Tribunal europeo considera que esta la cláusula de las hipotecas que vinculan el tipo de interés al IRPH se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas, ya que “no refleja disposiciones legales o reglamentarias de carácter imperativo”.
El Tribunal de Luxemburgo establece que los juzgados españoles deben comprobar si las cláusulas de esas características son “de carácter claro y comprensible”. Si los tribunales nacionales las consideran abusivas, podrían ser sustituidas “por un índice legal aplicable de manera supletoria, para proteger a los consumidores”.
El fallo precisa que no solo han de ser comprensibles formal y gramaticalmente, sino que deben “permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés” para que pueda entender las consecuencias económicas de dichas cláusulas.
El IRPH es un índice oficial que establece mensualmente el Banco de España y es famoso por ser el tipo medio que se aplica a los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en nuestro país. Tras el euríbor, es la segunda referencia más utilizada.
Entre 2013 y 2016 surgió la polémica al usarse como índice principal estableciéndose en valores cercanos al 2% dejando casi en una situación de desigualdad respecto a los hipotecados mediante euríbor cuyas cuotas fueron se redujeron de forma notable al caer dicho índice.
Los consumidores, al considerarlo “abusivo”, pidieron al Banco de España la nulidad del IRPH y elevaron su causa a la Justicia. El Tribunal Supremo avaló en noviembre de 2017 dicho índice ya que no implicaba un abuso o falta de transparencia.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre esa puerta.
