Redacción - 8 de junio de 2020
La investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por la construcción de la línea de ferrocarril que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí ha sido asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Entra así en la segunda fase de la causa y a partir de ella se delimitará si hay relevancia penal de los hechos que tuvieron después de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser inviolable jurídicamente.
En diciembre de 2018 Anticorrupción abrió diligencias para que se aclarara el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, la amiga íntima del rey emérito, se habrían repartido entre otros, el monarca emérito, por la concesión en 2011 a empresas españolas el AVE a La Meca.
Según el Tribunal, “resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito”, que está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La Fiscal General del Estado dictó un Decreto el pasado 5 de junio que designaba la investigación a Juan Ignacio Campos, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, que tiene una dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Debido a la transcendencia institucional de esta investigación Dolores Delgado establece en su decreto que “se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”.
Además, Campos estará auxiliado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán las diligencias de esta investigación, según el Supremo.
En plena crisis por el coronavirus, y justo tras las informaciones que implicaban al rey emérito, el rey Felipe VI decidió renunciar a la herencia de su padre "que personalmente le pudiera corresponder" y le retiró su asignación económica según anunció la Casa Real en un comunicado.
