26 de abril de 2024
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La Fiscalía no ve injurias en las palabras de Teresa Rodríguez, Pere Aragonès y Ana Pontón contra la Monarquía

La Fiscalía no ve injurias en las palabras de Teresa Rodríguez, Pere Aragonès y Ana Pontón contra la Monarquía

Redacción - 14 de agosto de 2020

Teresa Rodríguez, Pere Aragonès y Ana Pontón.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias al no ver delito en las palabras contra la Monarquía de tres políticos.

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, Pere Aragonès, vicepresidente de Cataluña y coordinador de ERC y Ana Pontón, portavoz de BNG, son los tres parlamentarios que realizaron expresiones contra la Corona.

El ministerio público, a raíz de una denuncia de la asociación Concordia Real Española, decidió abrir diligencias sobre las declaraciones de estos diputados al considerar que podrían ser constitutivas de un supuesto delito de injurias a la Corona.

Tras examinar los hechos, la Fiscalía ha decidido que sus palabras se enmarcan dentro de la crítica y la libertad de expresión, por lo que ha archivado las diligencias, según adelanta El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

Teresa Rodríguez dijo que “la Monarquía es corrupta hasta el tuétano” mientras que Pere Aragonès declaró el pasado 18 de julio que “la monarquía sólo puede ser corrupta por definición” y que “los Borbones son una organización criminal”.

Por su parte Ana Pontón afirmó: “No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real” y “No vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción”.

Los diputados hicieron sus declaraciones tras abandonar el país, Juan Carlos I, después de conocerse el escándalo de los 100 millones en el banco Mirabaud de Suiza que ha provocado que la Justicia suiza investigue este caso por si hubiera blanqueamiento de capitales.

La Casa Real publicó el 3 de agosto una carta remitida por Juan Carlos I al actual monarca Felipe VI en la que el el rey emérito anunciaba su "meditada decisión" de salir de España ante el cerco mediático y judicial causado por la revelación de sus supuestos negocios opacos.

La decisión llegó después desde que los sistema judiciales de varios países como Suiza o España hayan abierto investigaciones para aclarar si el monarca habría cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas españolas.