Redacción - 8 de febrero de 2019
El informe publicado por el Tribunal del Cuentas denuncia un sobrecoste total de 7.637 millones de euros en la suma de los convenios urbanísticos realizados por las distintas sociedades públicas de ámbito estatal, autonómica y local entre los años 2002 y 2010.
Los desfases alcanzan un 186,21% en las Sociedades públicas de Integración del Ferrocarril (SIF) para que el AVE alcanzara Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
"En términos absolutos, a 31 de diciembre de 2016, el coste de los convenios se había incrementado en 7.637,33 millones de euros, pasando de 4.101,51 a 11.738,34 millones, correspondiendo el principal aumento a las actuaciones de integración ferroviaria por un importe de 6.863,16 millones, debido a las modificaciones de los proyectos inicialmente proyectados, descritos en los convenios de forma genérica y con estimaciones calculadas en función de los estudios informativos de las obras" refleja el Tribunal de Cuentas en su estudio.
Donde más se infló el coste fueron los tramos Barcelona-La Sagrera (546,89%), Alicante (395,87%) y Cartagena (281,65%). En Barcelona las obras se paralizaron entre 2014 y 2018 porque se encontraron irregularidades en la gestión y se abrió una investigación penal al respecto.
El informe del órgano fiscalizador señala que de media “el grado de ejecución que presentaban el conjunto de las actuaciones era del 29,39%” y las de Zaragoza "se encontraban prácticamente terminadas", tras ejecutar el 86,95%, "mientras que en el extremo opuesto, los convenios de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no alcanzaban el 2% de realización" al finalizar el 2016.
A esa fecha tan solo en Zaragoza y Logroño se habían realizado el 50% de las obras.
El Tribunal remarca que estas sociedades públicas “forman parte del Sector de las Administraciones Públicas y, consecuentemente, sus actuaciones afectan al cálculo del déficit público y su endeudamiento forma parte de la deuda pública. Así, el importe del endeudamiento bancario de las SIF, que a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 1.127 millones de euros, contribuye a engrosar la deuda pública” y recomienda estudiar cada una de ellas “para proceder, según los casos, a su disolución o a la modificación de los convenios a fin de ajustarlos a las disponibilidades financieras.(…) Asimismo, se recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las vías, alternativas diferentes, en la que se tengan en cuenta factores socioeconómicos; y que, elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta".
