Digital Sevilla
29 de julio de 2019
Para el diputado de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, no han sido suficientes tres meses para presentar en el Congreso de los Diputados su declaración de bienes.
El portavoz de VOX no ha cumplido aún con las exigencias de transparencia parlamentaria y no ha entregado aún la relación de bienes que conforman su patrimonio, sus actividades fuera del Parlamento (aunque no estén pagadas) así como sus intereses económicos particulares de los últimos años.
Se desconocen los motivos por los cuales el dirigente del trifachito (PP, Cs y VOX) no ha podido detallar en 90 días estos datos como han hecho el resto de diputados.
Cabe resaltar que Espinosa tuvo problemas judiciales y ha sido condenado por "fraude de acreedores".
Según detalló 'eldiario.es', la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena a Iván Espinosa de los Monteros, por intentar evitar el pago de parte de las obras de su mansión de cuatro plantas en una de las zonas más caras de Madrid.
El Juzgado condenó en su primera sentencia del 3 de noviembre de 2014 a Pedro Heredia 6 SL, la empresa de Espinosa de los Monteros, a pagar 74.108 euros, más los intereses, a RUE SL, la empresa a la que había contratado en febrero de 2012 para que construyera su mansión. El dirigente de VOX recurrió esta condena en la Audiencia Provincial de Madrid, que el 30 de marzo de 2015 la ratificó, aunque rebajó la cuantía al hacerse cargo de algunas facturas la sociedad.
La enorme casa del pez gordo ultraderechista está construida sobre una parcela de 342 metros cuadrados en el distrito de Chamartín de la capital. La mansión, de cuatro plantas, tiene un total 545 metros cuadrados construidos con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza y tiene un valor de unos tres millones de euros.
El 23 de junio de 2016, la sociedad del dirigente de extrema derecha se declaró en concurso de acreedores para así evitar pagar la deuda, pero la compañía perjudicada demandó a Espinosa de los Monteros como responsable de la deuda al ser el dueño real de esa vivienda.
La última sentencia de la Audiencia Provincia de Madrid estableció que «La justificación alegada por el Sr. Espinosa para presentar el concurso constituye una actuación contraria a la buena fe que debe presidir en el cumplimiento de los contratos», y añadió que «declarar su insolvencia dejando pendiente la deuda» indicaba «un fraude de acreedores».
