Redacción - 27 de marzo de 2020
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arrebatado a Ciudadanos la gestión de las residencias de mayores tras las muertes de al menos 1.065 ancianos con y/o por coronavirus.
La lideresa madrileña del PP parece echar la culpa de este desastre al miembro de Cs Alberto Reyero que era el responsable de Políticas Sociales. Esta cartera será controlada por la Consejería de Sanidad (PP), que dirige Enrique Ruiz-Escudero.
Cabe resaltar que Alberto Reyero pidió el 19 de marzo ayuda al Ejército ante la enorme mortandad que se estaba dando en las residencias madrileñas, algo que no gustó a Díaz Ayuso que dijo: “No se va a hacer”. Pero se hizo, y los soldados encontraron escenas dantescas de “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, como ha certificado la Fiscalía.
Por ello, la Fiscalía General del Estado está investigando las “situaciones extremas y malas condiciones de salubridad” que encontraron los miembros de las Fuerzas Armadas en dichas residencias.
Pero estas instituciones han sido mal gestionadas en Madrid desde hace tiempo ya que,según detalla El Plural, entre 2014 y 2019 fueron sancionadas por saltarse la ley. De hecho 96 residencias de mayores y centros de día, 12 residencias clandestinas y 22 centros de personas con discapacidad había escasez de personal, faltaba higiene y se descuidaba la asistencia a los ancianos.
Fueron los propios empleados de estas residencias los que denunciaron en septiembre de 2016 en la Asamblea de Madrid el hacinamiento, la falta de higiene y personal, así como el descuido en la asistencia en estos centros de la Comunidad.
El PP, a través de su consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, despreció dichas quejas diciendo “Ladran, luego cabalgamos”, expresión que atribuyó erróneamente a El Quijote de Cervantes.
Para colmo, como ha destapado El Plural, la construcción y adjudicación de las residencias de mayores en Madrid está siendo investigada por la Justicia como parte de la trama Púnica.
Un informe de Hacienda señala “contratos para la gestión de centros de atención a personas mayores” donde el Grupo Aser, asociada con David Marjaliza, facturó 56.872.226 euros entre los años 2007 y 2012.
Esta empresa, tras asociarse con el hombre clave de la Púnica, amigo del entonces mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, multiplicó por 23 sus ingresos.
