Digital Sevilla
13 de septiembre de 2018
José de la Mata, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado el registro de 23 sedes de iDental distribuidas por todo el país para buscar pruebas ante las posibles indemnizaciones multimillonarias a sus antiguos pacientes.
Según informa Europa Press, las actuaciones se han llevado a cabo en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria.
En Andalucía, Facua acusó a la Junta de la señora Díaz de ayudar a los defraudadores y ocultarlo a los andaluces.
El registro masivo de sedes se concreta en el marco de la operación ‘Apolonia’ e intervienen un total de 300 efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica.
Los agentes registrarán los archivos, dispositivos informáticos, inventario y repositorios de datos que tengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para que puedan devolverse a sus pacientes que podrán denunciar o continuar con el tratamiento.
La Audiencia Nacional investiga a iDental por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental, estafa continuada, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
El juez asumió la instrucción el pasado 26 de julio y ordenó el inmediato registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para recabar datos sobre la sociedad así como historiales clínicos de pacientes.
Una primera estimación cifra en más de 400.000 afectados en todo el país. Se han presentado ya miles de denuncias acumuladas en más de 200 piezas de investigación pero se calcula que superarán el millar por lo que el magistrado ha establecido un sistema de coordinación entre Fiscalía, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con afectados para agilizar el acceso a los historiales clínicos y otros datos imprescindibles para poder denunciar.
Según denuncian los pacientes afectados eran “atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”.
Esta clínica ‘low cost’ prestaba sus supuestos servicios odontológicos ofreciendo un sistema de financiación con entidades bancarias que le daban anticipadamente el abono íntegro de los servicios.
