Digital Sevilla
16 de septiembre de 2020
Javier Ortega Smith no sólo “atacó la dignidad” de Las 13 Rosas sino que incitó al odio, según la fiscalía.
El pez gordo de la organización autodenominada VOX ha sido acusado por Alfonso Aya, delegado coordinador del Ministerio Público contra los delitos de odio y discriminación, porque además de atacar la dignidad de las 13 mujeres asesinadas, lo hizo de las personas que tienen la misma ideología que ellas. El fiscal considera que sus manifestaciones públicas generan “un peligro” al “incitar a terceras personas al odio” hacia los socialistas.
En su dictamen ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa penal al diputado de extrema derecha por un presunto delito, castigado con prisión mínima de un año, consistente en incitar públicamente al odio o la hostilidad contra un grupo por motivos ideológicos.
Alfonso Aya, a cuyo informe ha tenido acceso EL ESPAÑOL reproduce las palabras del parlamentario de la ultraderecha en una entrevista en TVE el 4 de octubre de 2019, cuando afirmó que “las que llamaban Las 13 Rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. (…) Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas”, dijo.
Ese mismo día, Ortega Smith, reiteró sus afirmaciones en Twitter. “Si tanto quieren memoria histórica, que no se pongan tan nerviosos cuando les recordamos la parte de la historia que intentan ocultar, no eran 13 rosas, eran 13 asesinas”.
El fiscal adscrito a la Fiscalía de la Sala Penal del Supremo, ha pedido, para elaborar su dictamen, una copia autentificada de la sentencia que condenó a la pena de muerte a las Las 13 rosas y señala que “nada se dice en ella de hechos más allá de tener una determinada ideología” ya que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas.
La sentencia de muerte dictada por el Consejo de Guerra Permanente el 3 de agosto de 1939 “recoge cómo los procesados (entre ellos Las 13 rosas) recibieron órdenes para 'hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro Estado Nacional para lo cual circularon las órdenes necesarias a fin de organizarse nuevamente y poder actuar en todas aquellas misiones que pudieran producir aquéllos actos delictivos que vulnerasen en cuanto fuese dable el orden social'. Se trata de posibles acciones de futuro, pero no que se hubiera realizado acto concreto alguno”, remarca Aya.
La condena “se refiere a recibir encargos para el futuro, sin que conste que tales encargos se hayan materializado en ningún acto, mucho menos en 'torturas, violaciones y asesinatos'”, como aseveró el dirigente de VOX.
El fiscal detalla que “el único hecho concreto que se imputa a una de estas trece personas, es 'haber prestado servicio durante el dominio rojo en Madrid como cobradora de tranvías'”.
El representante del Ministerio Público subraya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera “crucial” que los políticos , en sus intervenciones públicas, eviten “difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia”.
El fiscal remarca que Ortega Smith dijo esas palabras en una televisión pública y en un programa de gran audiencia en período preelectoral, “lo cual conlleva un evidente alcance del discurso realizado del que, independientemente de su intencionalidad, el autor debe razonablemente suponer sus efectos discriminatorios e incluso incitadores al odio y a la hostilidad”.
Aya considera que la afirmación de que Las 13 rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar “tiene aptitud y seriedad suficiente para conformar un sentimiento lesivo para la dignidad de las personas así calificadas y de las que en el día de hoy participan de la misma ideología, de quienes teniendo la ideología socialista en absoluto se han manifestado conformes con lo sucedido en las checas. (…) Todo ello, supone no sólo un ataque a la dignidad de las personas que mantienen tal ideología sino también un peligro, potencial pero real, para las mismas, al incitar a terceras personas al odio sobre un colectivo basado en su ideología, creando o incrementando un peligro para tal colectivo o sus componentes”.
Por tanto el fiscal solicita al Tribunal Supremo que declare su competencia para investigar a Javier Ortega Smith, secretario general de VOX “dada la existencia de un posible delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas” y nombre a un juez instructor para investigarlo.
En otro orden de cosas, hace unas semanas, simpatizantes de VOX amenazaron de muerte a una diputada de Podemos.
