El hedor que desprende la Operación Kitchen bajo el Gobierno de Mariano Rajoy crece cada vez más. El secuestro de la familia de Bárcenas con un sicario presuntamente pagado con fondos reservados es solo la punta del iceberg de lo que se organizó para desactivar las ‘bombas atómicas’ que tenía el extesorero contra el partido de Rajoy. Entre otras muchas otras actividades presuntamente delictivas, la ‘policía política’ colocó micrófonos y cámaras, sin mandato judicial, en el despacho de Bárcenas para averiguar el paradero de los famosos pendrives tóxicos para el PP.

El juez Manuel García-Castellón ha llevado a cabo una maratoniana cadena de declaraciones de presuntos implicados y testigos en la investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre el espionaje de la Policía a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Tres altos mandos de la Policía de Rajoy están siendo investigados por delitos de cohecho (soborno), malversación, prevaricación, allanamiento de morada y robo.

Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo (DAO), ha señalado directamente a Ignacio Cosidó, todavía portavoz en el Senado del PP y ex director general de la Policía, en aquella actuación.

También ha apuntado al amigo del presidente y exministro, Jorge Fernández Díaz. Los tres tienen curiosamente responsabilidades parlamentarias a las que todavía no han renunciado y, al ser aforados, dos diputados y un senador, tendrían que ser investigado por el Tribunal Supremo, órgano puesto en cuestión por algunos partidos por su politización.

El magistrado de todas formas les ofrecerá declarar por si pueden colaborar en la investigación de estos graves delitos presuntamente cometidos por la Policía bajo el Gobierno de Rajoy.

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